Asesoramiento científico y decisiones públicas: la experiencia de la Legislatura de Buenos Aires como referencia para América Latina
La incorporación de evidencia científica en los procesos legislativos representa una oportunidad para fortalecer la calidad de las decisiones públicas y el funcionamiento de las instituciones democráticas. En una entrevista con INGSA LAC, Pablo Riveros, director de la Oficina de Políticas Informadas en Evidencias de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comparte los avances, aprendizajes y desafíos de una experiencia que contribuye a acercar la ciencia a quienes toman decisiones.
Más allá de la evidencia: el aporte de la ciencia a la función legislativa
En un contexto internacional caracterizado por desafíos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos cada vez más complejos, la utilización del conocimiento científico adquiere especial relevancia para la formulación de políticas públicas.
Sin embargo, el aporte de la ciencia a las decisiones gubernamentales no se limita a ofrecer soluciones técnicas o proporcionar información para resolver problemas concretos.
Así lo explica Pablo Riveros, quien distingue entre dos formas de utilización de la evidencia científica: su uso instrumental, orientado a decisiones y acciones concretas, y su uso conceptual, que contribuye a comprender los asuntos públicos, replantear los problemas e identificar sus causas y consecuencias.
Retomando los aportes de Carol Weiss, Riveros sostiene que esta segunda dimensión resulta especialmente importante en el ámbito parlamentario, donde la función de los legisladores no consiste únicamente en elaborar leyes, sino también en representar intereses, promover debates y participar en la construcción de la agenda pública.
Desde esta perspectiva, el asesoramiento científico puede contribuir a mejorar los diagnósticos, evaluar escenarios futuros y analizar los fundamentos y la evidencia que sustentan las propuestas legislativas.
Su aporte se refleja, por lo tanto, tanto en la calidad del proceso de toma de decisiones como en el ejercicio de la función legislativa y, de manera indirecta, en la calidad de las políticas públicas.
Una experiencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires
La Oficina de Políticas Informadas en Evidencias (PIE) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye una experiencia de institucionalización del asesoramiento científico en el ámbito legislativo.
Su origen se remonta a 2022, cuando una iniciativa impulsada desde la sociedad civil propuso promover el uso de evidencia en el trabajo parlamentario.
Las primeras actividades incluyeron una capacitación dirigida al personal legislativo y la elaboración de una guía de políticas informadas en evidencia. Posteriormente, en 2023, se decidió jerarquizar institucionalmente esta labor mediante la creación de la Oficina.
Desde entonces, la iniciativa incorporó nuevos servicios y recursos, entre ellos el asesoramiento a demanda de los 60 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y sus equipos de trabajo.
A diferencia de otras oficinas parlamentarias especializadas en evaluación tecnológica, conocidas internacionalmente como Parliamentary Technology Assessment, la Oficina PIE aborda una amplia diversidad de temas y combina asesoramiento científico, análisis de datos y análisis de políticas públicas.
Según explica Riveros, los servicios de la Oficina se desarrollan bajo principios de pertinencia, oportunidad, imparcialidad, equilibrio, objetividad, lenguaje claro, rigurosidad, transparencia metodológica y utilidad.
Durante sus primeros tres años de funcionamiento, la Oficina ha contribuido a facilitar el acceso a información relevante, mejorar la comprensión de diferentes asuntos públicos y, en algunos casos, apoyar la elaboración de proyectos de ley.
Esta experiencia permite observar cómo el asesoramiento científico puede incorporarse al funcionamiento cotidiano de una institución legislativa, generando capacidades para fortalecer el vínculo entre conocimiento y decisión política.
El asesor científico como «intermediario honesto»
Uno de los aspectos más interesantes de la reflexión de Riveros se relaciona con el papel que deben asumir quienes brindan asesoramiento científico en las democracias contemporáneas.
Retomando las ideas de Roger Pielke, destaca la importancia de que coexistan diferentes modalidades de asesoramiento y subraya especialmente la figura del «intermediario honesto».
En una institución parlamentaria, donde conviven representantes de diferentes fuerzas políticas, este enfoque adquiere particular relevancia.
El propósito del asesoramiento científico no es sustituir la decisión política ni imponer una determinada solución, sino contribuir a una mejor comprensión de los problemas, identificar alternativas y clarificar las posibles consecuencias de cada opción.
Como expresa Riveros, el desafío consiste en:
«Contribuir a repensar problemas y clarificar las alternativas disponibles sin sustituir las decisiones políticas».
Esta concepción plantea una distinción fundamental entre la responsabilidad de producir y comunicar conocimiento riguroso y la responsabilidad de tomar decisiones, que corresponde a quienes ejercen la representación política.
Asimismo, Riveros vincula este enfoque con la ética de la responsabilidad desarrollada por Max Weber, destacando la necesidad de reconocer tanto las consecuencias de las decisiones como la complejidad de los procesos políticos.
En este sentido, la asesoría científica no solo requiere conocimientos técnicos y capacidades analíticas, sino también habilidades de comunicación, diálogo y construcción de confianza entre actores que responden a lógicas institucionales diferentes.
Aprendizajes y oportunidades para América Latina y el Caribe
La experiencia de la Oficina PIE ofrece elementos de reflexión para otras instituciones legislativas de América Latina y el Caribe interesadas en fortalecer el uso del conocimiento científico en sus procesos de decisión.
Entre los principales aprendizajes identificados por Riveros se destacan la necesidad de contar con reglas claras, consolidar relaciones de confianza y garantizar la continuidad institucional de los mecanismos de asesoramiento.
También resulta fundamental desarrollar capacidades profesionales que integren habilidades técnicas y competencias interpersonales, frecuentemente menos consideradas en la formación de quienes trabajan en la interfaz entre ciencia y política.
La posibilidad de generar vínculos de cooperación regional constituye otro aspecto relevante.
En este sentido, Riveros destaca iniciativas como la International Network for Governmental Science Advice (INGSA), la Global Evidence Commission, el Hub de Evidencias de América Latina y el Caribe y el trabajo de la Unión Interparlamentaria en materia de servicios de investigación parlamentaria.
Estas experiencias y redes internacionales ofrecen oportunidades para compartir buenas prácticas, intercambiar conocimientos y fortalecer las capacidades institucionales de asesoramiento científico en la región.
Fortalecer el diálogo entre ciencia y política
La experiencia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires invita a reflexionar sobre la importancia de construir mecanismos permanentes de vinculación entre la comunidad científica y las instituciones responsables de las decisiones públicas.
En sociedades democráticas, donde las decisiones deben considerar conocimientos, intereses, valores y prioridades diversas, el asesoramiento científico puede contribuir a enriquecer la deliberación política mediante información rigurosa, transparente y accesible.
El desafío no consiste únicamente en producir más evidencia, sino en generar las condiciones institucionales y humanas necesarias para que esa evidencia pueda ser comprendida, discutida y utilizada de manera efectiva.
Desde esta perspectiva, la experiencia de la Oficina PIE constituye un aporte al debate regional sobre el fortalecimiento de la asesoría científica y la consolidación de una cultura de políticas públicas informadas en evidencia.
Para INGSA LAC, dar visibilidad a este tipo de iniciativas contribuye a promover el intercambio de experiencias y la construcción de capacidades que permitan fortalecer el diálogo entre ciencia, política y sociedad en América Latina y el Caribe.

